Al comienzo de la democracia, un alcalde de Sanlúcar, del PCE, fue inhabilitado porque parte de subvenciones finalistas fueron utilizadas para comprar herramientas y así trabajar en el Plan de Empleo Rural.
Pilar Sánchez fue condenada por utilizar subvenciones finalistas para arreglo de calles, equipamientos… en pagar las nóminas de la plantilla, a algunos proveedores, salarios para la dependencia. Eligió a las personas antes que al ladrillo. Más, cuando parece que había un plan de reposición en el tiempo. En esas circunstancias yo hubiera hecho lo mismo que la ex alcaldesa. Lo que se le pide a los políticos es que se arriesguen a favor de la ciudadanía.
Modificar el artículo 135 de la Constitución Española, en favor de la prioridad de estabilidad presupuestaria, antes que atender las necesidades de las personas, es inmoral.

Es el momento de compartir programas, del cambio en Jerez. ¡Vamos allá!